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EL COSTE DEL RÉGIMEN PARLAMENTARIO AUTONÓMICO

Convivencia Cívica Catalana ha publicado su informe relativo al ejercicio 2016, sobre el coste del régimen parlamentario autonómico. La disección de este informe, el análisis de sus datos, nos lleva a conocer el destino de millones y millones de euros, producto principalmente de nuestros impuestos, y la ligereza con que los políticos manejan este dinero tratando de abastecer tanto a sus partidos como a las personas que, en su representación, ejercen la actividad parlamentaria en las diferentes cámaras representativas de las 17 autonomías más las dos asambleas de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Esta es la consecuencia de aquel café para todos, de clara y manifiesta incapacidad de los que diseñaron el Estado de las Autonomías, y cuyas consecuencias estamos sufriendo día a día, sin que veamos una solución o un remedio para detener esta sangría de millones de euros, o, si prefieren, el despilfarro de que hace gala este sistema político que la casta, y la castuza que abreva en el pesebre de las subvenciones, defiende a capa y espada. Esta obra de diseño, que es el Estado de las Autonomías, creada para dinamitar a la España única, la que dejó a un lado las rencillas y las disputas de la partitocracia, la que consiguió la creación de una clase media que fue el soporte social y económico del estado actual, cuenta como todos sabemos con 17 regímenes parlamentarios y dos asambleas correspondientes a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Según el informe de Convivencia Cívica Catalana, en su edición 2016, el coste de todos estos parlamentos fue de 336,2 millones de euros anuales. De todos ellos, el de Cataluña fue el más caro, como viene siendo la tónica, con un presupuesto de 51,9 millones de euros, seguido de Andalucía, con 39,3 millones de euros y el de las provincias vascongadas, cuyo presupuesto asciende a 33,1 millones de euros.

El dato es sorprendente, pero no nuevo. Busquen en las hemerotecas y encontrarán alguna que otra denuncia de aquellos tiempos de la Segunda República, en la que algún que otro destacado prohombre de al República se quejaba, precisamente, de que los miembros del Parlament de Cataluña cobraban más que los propios diputados de las Cortes.

La partida más cuantiosa corresponde a los gastos de personal, que asciende a 187 millones de euros. Y desmenuzando un poco estos datos, vemos que el coste medio de un diputado de la cámara catalana es de 188000 euros anuales, un 82% más que la correspondiente de un parlamentario del Congreso de los Diputados, que es de 103900 euros al año, y más del doble de la un senador, que se sitúa en los 87170 euros al año. En otras palabras, que un diputado catalán le cuesta a los españoles tanto como lo que le cuestan un diputado de las Cortes Generales y un senador juntos, considerando que el ámbito de aplicación de las medidas de estos últimos es muy superior a la del diputado catalán, lógicamente.

En el informe correspondiente a 2015, por ejemplo, destacaba Convivencia Cívica Catalana las cantidades percibidas por los diputados en concepto de “indemnización por desplazamiento”, y citaba como muestra que un diputado del parlamento catalán con residencia en Sabadell o Mataró, localidades que distan de Barcelona unos 20 kilómetros, había cobrado en 2015 por este concepto la cantidad mensual de 2006 euros, mientras que un diputado del Congreso o un senador, con residencia en ciudades tan distantes de Madrid como Cádiz o La Coruña, habían cobrado por el mismo concepto 1823 euros. Ambas cantidades, añado yo por mi cuenta, superan considerablemente el salario mínimo interprofesional. En el informe correspondiente a 2016 no se han ocupado de este asunto del desplazamiento, pero tengo para mí que los datos relativos al ejercicio de 2015 siguen siendo válidos, con alguna pequeña modificación.

Volviendo al informe correspondiente a 2016, me llama la atención también el tema de las aportaciones a los partidos políticos que forman parte de estas cámaras, o sea, el dinero que los parlamentos dan a los partidos que componen el cuadro de diputados en ellos representados. El parlamento catalán, siempre a la cabeza, pagó a sus grupos políticos la suma de 117320 euros por cada parlamentario. Esta cantidad triplica, según el informe al que hago alusión, al resto de las cámaras autonómicas, que pagaron 46950 euros por cada parlamentario. El parlamento catalán ha pagado, en 2016, a los grupos parlamentarios la cantidad de 15,8 millones de euros. Esta cantidad, nada despreciable, por cierto, resulta tan elevada como la suma de lo que han pagado, por el mismo concepto, el Congreso de los Diputados, 9.3 millones de euros, y el Senado, 6.8 millones de euros, juntos. Y como ejemplo, citan en el informe que el grupo parlamentario Junts Pel Si, con 62 diputados en el parlamento catalán, ha recibido por este concepto una cantidad algo superior a los 7 millones de euros; esta cantidad supera a la recibida por los grupos parlamentarios del Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Podemos, en el Congreso de los Diputados, juntos que suman 285 diputados.
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